Un informe técnico de la ADRES, ordenado en cumplimiento de los Autos 007, 089 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional, identifica que entre 2018 y 2023 más de 471 mil personas fallecidas aparecen con servicios médicos facturados después de su muerte, por un valor acumulado de $2,3 billones.
El cruce entre la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia) detectó estos casos, poniendo en evidencia fallas estructurales en el control del sistema de salud. El 68 % de los servicios reportados se registraron entre 2 y 30 días después del deceso.
Se hallaron casos extremos: personas con servicios registrados décadas después de su fallecimiento, algunas con montos astronómicos de facturación, lo que sugiere posibles pagos indebidos o facturación sin soporte real. EPS como Sura lideran estas anomalías con 50.404 registros y $684.969 millones reportados, seguidas por Compensar y Savia Salud.
Aunque el Decreto 780 de 2016 establece que la afiliación se termina con el fallecimiento y que la UPC no debe reconocerse posteriormente, múltiples novedades se registran con demoras debido a fallas de interoperabilidad con la Registraduría, debilitando los mecanismos de auditoría.
La ADRES ha puesto estos resultados en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y otros órganos de control, y promueve la creación de un tablero analítico público para fortalecer la trazabilidad y la transparencia de los recursos.
Este hallazgo representa una oportunidad urgente para que el gobierno fortalezca los controles, depure registros y recupere la confianza ciudadana en el manejo del sistema de salud.
