La afirmación del representante electo Daniel Briceño de que le habría “ahorrado” más de 1.800 millones de pesos al país al no reclamar toda la reposición de votos fue desmentida por verificadores de datos. Un análisis publicado por La Silla Vacía concluyó que la declaración del congresista es engañosa, ya que el mecanismo de financiación electoral no permite reclamar más dinero del que realmente se gastó en la campaña.
Briceño aseguró en redes sociales que, tras obtener más de 262.000 votos, le corresponderían alrededor de 2.210 millones de pesos por reposición estatal, pero que solo pediría cerca de 410 millones, el monto que afirma haber gastado en su campaña. Con ese cálculo sostuvo que “le ahorró” al país cerca de 1.800 millones de pesos, argumento que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
Sin embargo, la verificación periodística señala que ese planteamiento es incorrecto. En Colombia, la reposición de votos funciona como un reembolso de los gastos de campaña, por lo que el Estado solo reconoce recursos hasta el límite de lo que el candidato haya reportado oficialmente como gasto electoral. En otras palabras, ningún candidato puede cobrar el total teórico por votos si no demuestra haber gastado ese dinero, por lo que el supuesto “ahorro” no corresponde a una decisión personal sino a la forma en que está diseñada la ley.
Además, los verificadores indicaron que incluso el cálculo del monto máximo que mencionó el congresista no es exacto. El análisis concluye que el tope real de reposición para su campaña era inferior a lo que él afirmó, lo que refuerza la idea de que el discurso del “ahorro” presenta una interpretación engañosa de los datos sobre financiación electoral.
El caso ha generado debate en redes sociales y en el ámbito político, ya que algunos sectores consideran que la narrativa del “ahorro” busca proyectar una imagen de austeridad que en realidad no corresponde a una decisión voluntaria del candidato, sino a una regla obligatoria del sistema de financiación de campañas. La controversia pone nuevamente sobre la mesa la importancia de explicar con precisión cómo funcionan los recursos públicos en procesos electorales y evitar interpretaciones que puedan inducir a error en la opinión públic
