Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, tras ganarle a Iván Cepeda la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país. Un mes después, el balance que dejan sus primeras semanas en el cargo no es el de una transición ordenada, sino el de un gobierno que ha concentrado poder, recortado controles y acumulado choques con la Justicia, la prensa y organismos de derechos humanos a una velocidad inusual.

Una posesión que ya anticipaba el estilo

Desde el primer día, el nuevo mandatario dejó ver su manera de gobernar. La ceremonia en Cali incluyó un acto religioso con representantes de tres credos y una imagen mariana, algo que un juzgado laboral de Bogotá terminaría considerando una violación a la neutralidad del Estado, ordenándole ofrecer disculpas públicas semanas después. El presidente cumplió el fallo, pero cerró su alocución con una consigna católica, dejando la sensación de que el gesto no era una disculpa sino un desafío disfrazado de acatamiento.

Ese mismo estilo —cumplir la forma, desafiar el fondo— se repitió cuando, en plena tragedia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto y dejó cientos de muertos, el presidente fue criticado por posar, saludar y enviar besos a cámara durante la alocución oficial en la que debía informar sobre las víctimas.

Bombardeos sin freno y menores muertos

El costo más grave del primer mes se mide en vidas. En apenas tres semanas, las Fuerzas Militares ejecutaron al menos tres bombardeos —contra el ELN en Catatumbo y contra disidencias de las FARC en Guaviare— que dejaron un saldo confirmado por Medicina Legal de al menos seis menores de edad muertos. Dos juzgados distintos tuvieron que intervenir: uno ordenó suspender los bombardeos allí donde exista información verificable de presencia de niños, y la propia Defensoría del Pueblo advirtió públicamente que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”.

El presidente respondió no con cautela, sino con más exhibición: se hizo grabar caminando entre los cadáveres de veintitrés personas abatidas en un operativo en Guaviare, y volvió a mostrar cuerpos días después al anunciar la muerte de alias “Bendito Menor” en Riohacha. El estilo, comparado ya por varios analistas con la estética del salvadoreño Nayib Bukele, ha sido celebrado por su base electoral como mano firme contra el crimen, pero cuestionado por defensores de derechos humanos como una forma de gobernar por la imagen, no por el respeto a la dignidad de los muertos ni a los límites que impone la ley incluso en medio de operaciones legítimas.

Los amigos primero: conflictos de interés a la vista

El primer mes también dejó episodios que huelen a favoritismo. El nuevo ministro de Ambiente revocó, en cuestión de días, la protección definitiva del Páramo de Santurbán que había dejado el gobierno anterior, abriendo la puerta a la minería en una zona ambientalmente sensible. Una investigación periodística señaló que la decisión beneficia a una empresa cuyos accionistas incluyen a un socio del propio presidente en su negocio privado de licores, lo que encendió las alarmas del comité ciudadano que vigila esa reserva.

Días después, el ministro de Vivienda fue fotografiado de vacaciones en la playa mientras el país enterraba a las víctimas del terremoto. En lugar de asumir algún costo político, el presidente lo respaldó y, además, lo puso a cargo del plan de reconstrucción, una obra que moverá más de 30 billones de pesos. En medio de esa misma emergencia, De la Espriella repartió balones y camisetas a niños afectados con el logo de su propio movimiento político estampado encima.

Menos garantías laborales, menos consulta, más concesión

En el plano de las reformas, el gobierno derogó de un plumazo once circulares laborales que protegían a sindicalistas, trabajadoras domésticas, personal de plataformas digitales y mujeres embarazadas, entre otros. El Ministerio de Educación, por su parte, presentó un proyecto para extender a todo el país el modelo de colegios públicos en concesión administrados por privados, con contratos de hasta doce años, y recortó a un tercio el tiempo mínimo de consulta ciudadana que exige la Constitución. En minería, se eliminaron de un solo acto los diez Distritos Mineros Especiales creados para ordenar la pequeña minería, bajo el argumento de “destrabar la inversión”.

Un giro internacional que incomoda

En política exterior, Colombia reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán —territorio sirio ocupado desde 1967—, convirtiéndose en el segundo país del mundo en hacerlo. El gobierno también firmó un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos sin, según confirmó la propia Presidencia del Consejo de Estado ante una solicitud ciudadana, haber consultado al Congreso sobre el eventual ingreso de tropas extranjeras, pese a que la Constitución lo exige.

La prensa, bajo vigilancia

Quizás la señal más preocupante para la institucionalidad llegó con una directriz interna reportada por varios medios: restricción de ruedas de prensa, veto a entrevistas con medios calificados como “no amigos” y centralización de la vocería oficial en el presidente y un solo abogado designado. Días más tarde, un caricaturista con años de trayectoria fue sacado de un noticiero nacional justo después de publicar una caricatura crítica sobre el manejo presidencial de los cadáveres en Guaviare. Y las llamadas Emisoras de Paz, el único punto del Acuerdo de 2016 que había alcanzado cumplimiento total, fueron suspendidas y luego relanzadas bajo otro nombre y otra parrilla, dejando sin contenido informativo a cientos de miles de oyentes en zonas rurales.

Las cuentas no cierran donde más duele

En lo fiscal, el nuevo presupuesto para 2027 aumentó en términos generales, pero recortó los recursos destinados al Ministerio de Salud justo cuando el propio gobierno anunciaba una inyección de emergencia para atender la crisis del sector. La contradicción no ha pasado desapercibida entre analistas económicos, que también señalan que buena parte del respaldo ciudadano se sostiene en la seguridad y en la respuesta a la emergencia sísmica, mientras la economía y la educación generan cada vez más dudas.

Un mes, un patrón

Ninguno de estos hechos, visto en solitario, sería necesariamente escandaloso. Juntos, en apenas treinta días, dibujan un patrón: concentración de la vocería, debilitamiento de contrapesos, favores a allegados, retroceso en derechos laborales y ambientales, y un uso de la fuerza que ya ha merecido órdenes judiciales en su contra. Es, cuando menos, un comienzo que exige vigilancia estrecha por parte de la ciudadanía, la prensa y la Justicia.