Al 10 de noviembre de 2026, 5.639 contratistas tenían cuatro o más contratos vigentes al mismo tiempo con entidades públicas, según los datos abiertos de SECOP II. La mayoría son empresas. Pero 843 están registrados con cédula de ciudadanía, y 414 personas acumulan cuatro o más contratos directos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: contratos que se pagan por el trabajo personal de quien los firma.
Tener varios contratos no es ilegal. Pero cuando una sola persona se compromete con decenas de entidades a la vez, surgen preguntas: ¿le alcanza el tiempo para cumplir?, ¿quién hace realmente el trabajo?, ¿se está pagando dos veces por lo mismo? Este análisis no publica nombres. Muestra los patrones y las alertas que dejan ver los propios registros públicos.
Cómo se contó
Se tomaron los contratos de SECOP II publicados en el portal de datos abiertos, con corte al 5 de noviembre de 2026. Un contrato cuenta como simultáneo si el 10 de noviembre de 2026 ya había empezado, no había terminado y estaba en estado En ejecución, Modificado o Suspendido. Quedan fuera los terminados y los cedidos.
Los contratos se agruparon por el número de documento del contratista y se descartaron los registros sin documento. Para los casos que se describen más abajo también se revisó SECOP I y se consultaron las bases de sanciones.
Quiénes son
Las empresas son la gran mayoría, pero el foco está en las personas: para ellas, acumular contratos es más difícil de explicar.
| Grupo | Contratistas | Contratos vigentes |
|---|---|---|
| Empresas (NIT) | 4.764 | 44.026 |
| Registrados con cédula | 843 | 4.516 |
| Personas con 4 o más contratos de servicios profesionales | 414 | 1.920 |
Otros 32 contratistas tienen otros tipos de documento. Entre las empresas aparecen aseguradoras, bancos, universidades y empresas de servicios públicos, que por su tamaño tienen cientos de contratos. Entre los 843 con cédula hay también comerciantes que venden suministros con su cédula.
De las 414 personas, 305 tienen cuatro contratos, 65 tienen cinco y 44 tienen seis o más. Siete superan los diez. El caso más alto suma 35 contratos con 35 entidades distintas. Sus contratos vigentes valen en total $83.100 millones.
Se repiten tres perfiles:
- Abogados y asesores jurídicos. Unos 500 de los 1.920 contratos son de labores jurídicas.
- Contadores de colegios públicos. Cada institución educativa contrata su propio contador, y una sola persona puede atender 24 o 27 colegios a la vez.
- Asesores de alcaldías pequeñas, sobre todo en salud, que repiten el mismo servicio en varios municipios de un departamento. El 41% de estos contratos son con alcaldías.
Las alertas rojas
La señal más fuerte es el dinero: sumando sus contratos vigentes, la persona típica de este grupo recibe $25,8 millones al mes, aunque cada contrato por separado vale apenas $5,4 millones mensuales.
| Alerta | Qué muestran los datos de las 414 personas | Por qué importa |
|---|---|---|
| Honorarios combinados altos | 147 personas superan $30 millones al mes y 20 superan $50 millones | Sugiere que el trabajo lo hace un equipo no contratado o que no se cumple la dedicación pactada |
| Varios contratos con la misma entidad | 88 personas tienen dos o más contratos vigentes con una misma entidad; 12 los firmaron el mismo día | Riesgo de fraccionar contratos o de pagar dos veces por objetos parecidos |
| Dispersión geográfica | 147 trabajan para entidades de dos o más departamentos; 32, de tres o más | Difícil cumplir obligaciones presenciales en lugares distantes |
| Firma antes de la ley de garantías | El 37% de sus contratos se firmó entre el 1 y el 30 de enero de 2026, justo antes de que se prohibiera la contratación directa | Es legal y no es exclusivo de este grupo (39% en todos los contratos similares), pero concentra la contratación antes de las elecciones |
Tres casos que muestran los patrones
Un profesional de sistemas de información en salud, en Antioquia.
- Firmó por contratación directa un contrato de más de $150 millones para organizar una celebración rural de cinco días en un municipio del nordeste. Se tramitó como “servicios profesionales”, se clasificó como “servicios de personal temporal” y el correo de contacto era el de la oficina de salud.
- Los certificados de disponibilidad presupuestal publicados suman unos $120 millones, menos que el valor del contrato. Al mismo tiempo tenía otro contrato de salud con esa misma alcaldía.
- En 2024 firmó ocho contratos con un mismo municipio por $220 millones; tres de ellos, de $25 millones cada uno, en dos días seguidos. En 2026 firmó con ese municipio dos contratos de $67,5 millones el mismo día.
- Vendió el mismo estudio, el Análisis de Situación de Salud, a por lo menos siete municipios.
- Pasó de $54 millones contratados en 2023 a cerca de $588 millones en 2026. Llegó a tener 12 contratos simultáneos en cuatro subregiones. Dos contratos se cedieron semanas después de firmarse, y los datos abiertos no dicen a quién.
Un auditor del régimen subsidiado de salud, en Boyacá.
- En enero de 2026 tenía contratos con 12 municipios a la vez, repartidos en cinco provincias, por unos $520 millones en el año.
- Repite cada año con los mismos municipios y tiene contratos en SECOP desde 2008. En uno de ellos, el valor anual pasó de $26,5 millones a $63,8 millones.
Un abogado de alto perfil, en Bogotá.
- Llegó a tener 13 contratos simultáneos con 11 entidades nacionales y distritales, y en 2026 firmó contratos por cerca de $1.460 millones.
- Asesora a la vez a órganos de control (la Procuraduría, la Contraloría General, la Auditoría General y una contraloría territorial). Al mismo tiempo representa en arbitrajes y pleitos a entidades que esos mismos órganos vigilan.
- En los arbitrajes con entidades públicas, la Procuraduría puede intervenir como Ministerio Público. Esto no es ilegal por sí mismo, pero exige declaraciones de conflicto de interés que se puedan verificar.
Lo que no aparece
Ninguno de los tres casos tiene sanciones registradas. En el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) los tres aparecen con cero sanciones disciplinarias, cero multas contractuales y cero responsabilidades fiscales. Tampoco hay registros en la base de antecedentes de la Procuraduría ni en las de multas de SECOP.
Eso no significa que estén limpios. En mayo de 2026, Colombia Compra Eficiente ordenó a las entidades reportar multas, sanciones e incumplimientos, porque había un subregistro preocupante. Las investigaciones en curso no son públicas, y la base abierta de responsabilidad fiscal de la Contraloría no se actualiza desde marzo de 2022.
Qué se puede hacer
Buena parte de estas alertas se pueden detectar con los mismos datos que ya son públicos.
- Las entidades, antes de contratar, pueden revisar cuántos contratos vigentes tiene la persona, exigir informes con evidencias verificables y pedir una declaración de conflictos de interés.
- Los órganos de control pueden cruzar SECOP para encontrar honorarios combinados muy altos, varios contratos con una misma entidad y productos repetidos entre municipios.
- Ciudadanos y periodistas pueden revisar en SECOP II los informes de supervisión y los pagos, pedir por derecho de petición los productos entregados y denunciar en PACO lo que no cuadre.
Límites y fuentes
Una alerta es un indicio para investigar, no una prueba de corrupción. Los datos dependen de lo que registra cada entidad:
- Algunas fechas están mal diligenciadas, y hay contratos terminados que siguen marcados como “en ejecución”.
- Algunas empresas aparecen registradas con cédula.
- El conteo general solo incluye SECOP II; SECOP I y la Tienda Virtual del Estado no están en él.
- Los honorarios mensuales se estimaron dividiendo el valor de cada contrato por su duración. Los valores más extremos pueden ser errores de registro.
Fuentes
- SECOP II – Contratos electrónicos, datos.gov.co
- SECOP Integrado (SECOP I y II), datos.gov.co
- Portal Anticorrupción de Colombia (PACO)
- Antecedentes SIRI – Procuraduría, datos.gov.co
- Multas y sanciones SECOP II y SECOP I, datos.gov.co
- Responsabilidad fiscal – Contraloría, datos.gov.co
- Colombia Compra Eficiente – orden de reportar sanciones (mayo de 2026)
- Colombia Compra Eficiente – concepto sobre la ley de garantías 2026
- Estatuto de Arbitraje, artículo 49
