No, no llegó el “Tigre”. Llegó Abelardo… y con él llegó la idea de poner la educación pública en manos de privados.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de abrir un nuevo frente de preocupación: el Ministerio de Educación puso en consulta un proyecto de decreto que permitiría que operadores privados administren y operen colegios oficiales durante períodos de hasta 12 años.
Sí, leyó bien: 12 años.
El colegio seguiría siendo público en el papel, pero su administración, operación, mantenimiento y parte de su personal podrían quedar en manos de un tercero. Y los trabajadores contratados por esos operadores estarían bajo el régimen laboral privado, por fuera de la planta oficial.
¿Y quién gana con este modelo?
Esa es precisamente la pregunta que deberían estar haciéndose todos los padres, estudiantes y docentes del país.
Porque cuando el Estado tiene problemas para garantizar profesores, infraestructura o cupos, la solución debería ser fortalecer la educación pública, no convertir sus dificultades en una oportunidad para entregar la administración a operadores privados.
Y hay algo todavía más preocupante
El proyecto también contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas y brindar apoyo administrativo en establecimientos educativos oficiales.
Es decir, mientras unos podrán administrar colegios públicos durante años, otros podrán entrar a desarrollar componentes pedagógicos dentro de ellos.
Y esto ocurre bajo un Ministerio de Educación encabezado por Viviane Morales, una figura cuya trayectoria política y pública ha estado estrechamente relacionada con debates sobre religión, familia y educación.
No se trata de atacar las creencias de nadie.
Se trata de defender algo mucho más sencillo:
La educación pública debe responder al interés público.
¿De verdad esta es la solución?
Nos dicen que la contratación con privados será “excepcional” y que solamente podrá utilizarse cuando las entidades territoriales demuestren que no tienen capacidad suficiente para atender a los estudiantes.
Pero Colombia ya conoce esta historia.
Primero se presenta como una solución excepcional.
Después se convierte en una alternativa.
Y finalmente puede terminar convirtiéndose en un modelo permanente.
Porque un contrato de 12 años no parece precisamente una solución pasajera.
Una generación completa de estudiantes podría pasar por un colegio administrado por un operador privado.
Y entonces la pregunta deja de ser si el colegio conserva el nombre de “público”.
La pregunta verdadera es:
¿Quién controla la educación?
La educación no puede ser otro negocio
La salud ya nos enseñó lo que puede ocurrir cuando se pone la lógica del negocio por encima de la garantía de un derecho.
Ahora pretenden llevar esa lógica a las aulas.
Más operadores.
Más contratos.
Más intermediarios.
Más recursos públicos administrados por terceros.
Y, además, docentes contratados bajo reglas laborales privadas.
¿Eso es fortalecer la educación pública o debilitarla?
Porque si el problema es que faltan profesores, contraten profesores.
Si faltan colegios, construyan colegios.
Si falta infraestructura, inviertan en infraestructura.
Si faltan recursos, aumenten la inversión.
Pero no nos digan que la única salida es entregar durante años la administración de colegios públicos a terceros.
Colombia necesita más Estado, no menos Estado en la educación
La educación pública no es una mercancía.
No es una concesión.
No es un negocio.
Y mucho menos debería convertirse en un espacio para que intereses privados o religiosos tengan cada vez mayor protagonismo sobre recursos que pertenecen a todos los colombianos.
Este proyecto todavía no es una norma definitiva. Está en consulta pública y puede ser modificado.
Precisamente por eso hay que hablar ahora.
Antes de que sea tarde.
Porque cuando se entrega la administración de un colegio por 12 años, no estamos hablando solamente de un contrato.
Estamos hablando del futuro de miles de niños y jóvenes.
Abelardo llegó prometiendo “el cambio”.
Pues este sí sería un cambio:
de la educación pública para todos, a la educación pública administrada por privados.
Y no.
La educación pública no se vende. Se defiende.
