Colombia ha visto, en apenas unos días de septiembre de 2026, dos escenas que se repiten como si fueran guion: cuerpos cubiertos con lonas blancas, uniformados alrededor, un micrófono, y en el centro el presidente Abelardo de la Espriella caminando entre los cadáveres para anunciar un golpe contra grupos armados. Primero fue en Miraflores, Guaviare, tras una operación militar contra una estructura disidente en la que murieron 23 personas. Después, en Riohacha, La Guajira, con los cuerpos de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, su pareja y dos escoltas. En ambos casos, el gobierno difundió imágenes y video del mandatario posando frente a los fallecidos como si se tratara de un trofeo de campaña.

La reacción no se hizo esperar. La senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña, conocida en redes como Amaranta Hank, fue una de las voces más contundentes: habló de una entrada del país en la “necropolítica”, es decir, en un ejercicio de poder que convierte la muerte en estética y en propaganda. Le recordó al presidente —que ha apelado públicamente a la consigna católica “¡Viva Cristo Rey!”— que Colombia ya arrastra demasiadas décadas contando, exhibiendo y usando a sus muertos para demostrar quién manda. El excongresista Gustavo Bolívar y el representante Daniel Monroy se sumaron con críticas similares, y coincidieron en que la puesta en escena rebasa cualquier límite razonable de lo que debería ser un parte de seguridad.

Vale la pena detenerse en por qué esta crítica no es un simple reclamo de forma. Colombia no llega nueva a este debate: el país cargó durante años con el estigma de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales que el Estado presentó como bajas legítimas en combate, y con memorias de masacres exhibidas como advertencia. Que un presidente decida, en pleno 2026, volver a poner el cuerpo del enemigo muerto en el centro del mensaje oficial no es un gesto neutro. Es una elección estética y política, y esa elección comunica algo: que el valor de una operación de seguridad se mide por la foto, no por la institucionalidad que la respalda.

Hay además un problema de fondo con la dignidad. Como señaló Bolívar, la guerra tiene códigos, y esos códigos no desaparecen porque quien murió estuviera señalado de pertenecer a un grupo criminal. Un cuerpo sin vida ya no representa una amenaza para nadie; convertirlo en material de comunicación política —caminar entre los cadáveres, dar declaraciones con ellos de fondo, celebrar “un gran día para Colombia” frente a las lonas blancas— traslada el centro de gravedad del anuncio desde el resultado operativo hacia el espectáculo del poder. Es, en el sentido más literal, gobernar con los muertos como escenografía.

Ese contraste se agudiza si se mira el otro lado del expediente: el costo humano que ha tenido esta ofensiva para la propia Fuerza Pública, un dato que el gobierno divulga con mucho menos protagonismo que las fotos de los “abatidos”. La posesión presidencial del 7 de agosto ya quedó marcada por dos atentados con explosivos que dejaron al menos un policía muerto y varios uniformados heridos. El primer balance oficial de la “megaofensiva”, correspondiente a los 24 días entre el 7 y el 30 de agosto, presumió de 702 capturas y de entre 13 y 21 muertes de integrantes de grupos armados, pero no publicó una cifra equivalente y consolidada de soldados y policías caídos en ese mismo periodo. El dato puntual más reciente, divulgado apenas el 5 de septiembre, habla de dos militares muertos y cinco integrantes más de la Fuerza Pública heridos en operaciones de un solo día. Para dimensionar esas cifras sueltas: durante todo el gobierno de Gustavo Petro (2022-mayo de 2026), cifras oficiales citadas por el excongresista Gustavo Bolívar registran 726 uniformados muertos en casi cuatro años, frente a más de 1.000 durante los cuatro años de Iván Duque. Dicho de otro modo: Colombia ya conocía de sobra el costo humano de esta guerra para su Fuerza Pública mucho antes de las fotos con cadáveres de “narcoterroristas”; lo que cambia ahora es que ese costo circula con menos cifras consolidadas y muchísimo menos protagonismo mediático que la exhibición de los enemigos muertos.

Tampoco es casual que estas imágenes lleguen acompañadas de un discurso religioso y de cruzada. Invocar a Cristo Rey mientras se exhiben cadáveres no es un matiz devocional: es la construcción de una narrativa donde la violencia estatal se reviste de causa moral superior, algo que en la historia reciente de América Latina rara vez ha sido buena noticia para los controles democráticos. Cuando el relato de la fuerza se mezcla con el relato de la fe, la pregunta incómoda —¿esto fue legal, proporcional, necesario?— tiende a quedar en segundo plano frente a la pregunta cómoda de si el país por fin tiene un gobierno “de mano dura”.

Es justo decir que el propio gobierno y sus simpatizantes leen estas mismas escenas de manera opuesta. Para ellos, mostrar los cuerpos es transparencia: la prueba visible de que la fuerza pública sí está golpeando al crimen organizado, en contraste con lo que califican como los años de estancamiento de la “paz total” del gobierno anterior. Sostienen que ocultar los resultados de un operativo sería más sospechoso que mostrarlos, y que la indignación de la oposición tiene tanto de cálculo político como de preocupación humanitaria. Es un argumento que circula con fuerza en la base electoral de De la Espriella y que no debería descartarse sin más: la disputa de fondo es, en buena medida, sobre qué clase de Estado quiere ser Colombia frente al conflicto armado, y esa es una pregunta legítima para el debate público, no solo para las redes sociales.

Lo que sí parece difícil de sostener es que exhibir cadáveres ante cámaras sea, por sí mismo, sinónimo de fortaleza institucional. Un Estado se mide por su capacidad de judicializar, de dar garantías, de sostener la verdad en el tiempo; no solo por la contundencia de una fotografía. La crítica de Omaña y de otros congresistas apunta, en el fondo, a esa distinción: entre gobernar y actuar, entre comunicar resultados y convertir la muerte en un lenguaje de poder.