Falta decir qué recibos pagan!!!
Por Simón Lezama
Cada año, la Nación le gira a su municipio una plata que la Constitución no le deja negar: el Sistema General de Participaciones, o SGP. En 2026 son $88,4 billones (Ministerio de Hacienda, 2026), unos $139.000 al mes por colombiano. Es como un mercado mensual a nombre de cada habitante, que no llega a su casa sino a la alcaldía o la gobernación.
En diciembre de 2024, el Congreso aprobó subir esa mesada: de cada $100 que recibe la Nación, hoy $29,50 van a las regiones, y con la reforma irían $39,50 (La República, 2026). Pero a menos de tres meses del cierre de sesiones, nadie sabe si el aumento llegará. Colombia ya decidió darles más plata a sus regiones, pero no ha decidido para qué. Sin esa respuesta en una ley, la reforma puede terminar congelada, como una promesa más, o convertida en un hueco fiscal, con plata que se gasta dos veces.
¿Qué es el SGP y qué paga?
El SGP es la mesada que la Constitución (artículos 356 y 357) obliga a girar a departamentos, distritos y municipios, con destino marcado por ley: de cada $100, casi $59 van a educación, $25 a salud, $12 a «propósito general» y $5 a agua potable (Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007). En 2026 son $49,6 billones para educación y $20 billones para salud (DNP, SGP-109-2026). Con esa plata se pagan el profesor del colegio público, la salud de quienes no pueden pagarla y el tubo del acueducto. Solo el propósito general, unos $9,5 billones, le deja al alcalde algo de libertad.
El monto no está garantizado: depende de lo que recaude la Nación. Como el recaudo de 2025 fue menor de lo proyectado, el último giro de ese año cayó 48,8%, de $2,1 a $1,09 billones (Ministerio de Hacienda, citado por Infobae, 2026). Es la mesada de un hijo atada al sueldo del papá. Y ese sueldo viene flojo: sin los impuestos de emergencia, el recaudo a julio de 2026 habría caído 1,6% descontando la inflación (Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, Comunicado 38, 2026).
¿Por qué la plata no llega sola?
Hay que volver a 1991. La Constitución ordenó pasarles a las regiones una parte creciente de los ingresos de la Nación, y la Ley 60 de 1993 fijó la meta: 24,5% para los departamentos y 22% para los municipios (Fabio Sánchez y Catalina Gutiérrez, Coyuntura Social, Fedesarrollo, 1994). Casi la mitad del sueldo del papá para los hijos. Tras la crisis de 1999, el Acto Legislativo 01 de 2001 creó el SGP y frenó ese crecimiento. Se presentó como algo temporal, pero en 2007 se prorrogó: el «este mes no alcanza» que se volvió costumbre.
El Acto Legislativo 03 de 2024 quiso corregir el recorte: el SGP subirá durante 12 años, en partes iguales, hasta el 39,5% de los ingresos corrientes (La República, 2026). Pero con un candado: «No se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones sin la previa descentralización de competencias». Primero hay que aprobar una ley de competencias, el acuerdo de la casa sobre quién paga qué recibo: a nadie le suben la mesada sin decir si le tocan el agua, las onces del colegio o el arreglo del techo. El candado es razonable, porque evita que la Nación gire más sin soltar responsabilidades.
Esa ley no ha llegado. El proyecto del gobierno Petro, radicado el 15 de diciembre de 2025 (Presidencia de la República, 2025), nunca tuvo ponencia (La Opinión, 2026) y se hundió el 20 de junio (El Tiempo, 2026). En julio, ese gobierno lo volvió a radicar (La República, 2026); el nuevo anunció que lo retira y que presentará uno propio, que aún no llega (El Tiempo, 2026). Si no hay ley antes del 16 de diciembre, el aumento no arranca en 2027 (El Tiempo, 2026).
¿Qué puede salir mal?
Hay dos escenarios, y ninguno es imaginario. El primero es que la ley nunca llegue. Argentina lo vivió: su reforma constitucional de 1994 ordenó expedir antes de terminar 1996 una ley para repartir la plata con las provincias, y todavía no existe. El reparto quedó en negociaciones en las que los gobernadores cambian votos en el Congreso por obras (Guillermo Lipera, La Nación, 2026). Es el «el otro año arreglamos», repetido durante 29 años.
El segundo es que la plata llegue sin que la Nación suelte responsabilidades. El Banco de la República calculó que, con la reforma, las transferencias pasarían del 4,2% del PIB en 2024 al 7,2% en 2038, 1,3 puntos más que sin ella; si no se recortan otros gastos, la deuda llegaría al 64,6% del PIB, frente a 54,9% (Banco de la República, 2024). Esos 1,3 puntos son unos $24 billones al año a precios de hoy, más que todo lo que el SGP gira para salud. Es pagar dos veces el mismo recibo: la Nación sigue pagando la vía terciaria y le gira al municipio la plata para esa misma vía. Según el Banco, eso ya pasa con la salud y las vías en los municipios más pobres.
Y la familia ya está cerca del tope de la tarjeta. El CARF proyecta una deuda de 67,3% del PIB en 2027, con un límite legal de 71% (CARF, Comunicado 37, 2026), y cuenta entre los riesgos una ley de competencias que no compense el aumento, con una presión de hasta 0,5% del PIB, unos $9 billones (CARF, Pronunciamiento 19, 2026).
Tampoco es un choque entre regiones ambiciosas y una Nación prudente. Según el DNP, 7 de cada 10 municipios están en riesgo o deterioro fiscal, y la mitad de sus ingresos son transferencias (DNP, citado por Portafolio, 2025): son hogares que viven a medias de remesas. Por eso Diego Dorado, exsubdirector territorial del DNP, advierte que «la reforma no crea recursos: redistribuye déficits» (La Silla Vacía, 2026).
«La reforma no crea recursos: redistribuye déficits».Diego Dorado, exsubdirector territorial del DNP
¿Y los municipios del terremoto?
El sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), volvió concreta esta discusión. Con corte al 7 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 331 muertos y daños en 498 municipios de 16 departamentos, entre ellos 4.313 colegios, 400 centros de salud, 141 acueductos y 521 vías (UNGRD, citada por Semana, 2026). Es justo lo que paga el SGP, más las vías terciarias que el Gobierno quiere trasladar. El Gobierno estima los daños en unos $30 billones (Infobae, 2026), y, según el CARF, ese costo aún no está del todo en las cuentas de 2027 (CARF, Comunicado 37, 2026).
El Cairo (Valle), de 7.010 habitantes (DANE, 2026) y a 22 kilómetros del epicentro, muestra lo que está en juego. La gobernadora del Valle dijo que el 80% quedó destruido, y su hospital resultó afectado (El Espectador, 2026). Sus cuentas ya eran frágiles: en 2024, el 88,8% de sus ingresos venía de transferencias, frente al 26,9% del promedio del Valle, y su desempeño fiscal estaba en «riesgo» (DNP, TerriData, 2024). Es un hogar donde casi 9 de cada 10 pesos llegan de afuera. Cada habitante aporta unos $14.000 al mes en impuestos municipales, y el acueducto cubre apenas el 25% de la zona rural, donde vive la mitad de la gente (DNP, TerriData, 2024).
Para municipios así, la ley de competencias no es un trámite de Bogotá: definirá quién paga el colegio caído, el puesto de salud agrietado o la vía cortada. Si les traslada esas tareas sin la plata, les traslada también el costo de reconstruir. El problema va más allá de El Cairo: el economista Humberto Tobón calcula que Risaralda necesita unos $10 billones para reconstruirse y que solo puede poner $120.000 millones (El blog del ministro, 2026). Es como si arreglar su casa costara $10 millones y usted tuviera $120.000. Semanas antes del sismo, la gobernadora del Chocó ya lo advertía: «cada vez tenemos más competencias sin la capacidad de ejecutarlas» (Nubia Carolina Córdoba, citada por La República, 2026).
El 7 de septiembre, el Gobierno lanzó un «Plan Marshall» solo para el Chocó: una gerencia presidencial y cerca de $1 billón para vías y el aeropuerto de Bahía Solano, con participación del sector privado (Cambio, 2026; Infobae, 2026; El País, 2026). Es una ayuda, pero funciona como el regalo de un pariente: depende de la voluntad de quien lo da, no de una regla, y deja por fuera a municipios de otros departamentos, como El Cairo.
Lo mismo pasa con los decretos de emergencia, como el que habilitó las regalías (Decreto 1414 de 2026), o con el crédito externo de US$200 millones (Infobae, 2026): son préstamos de urgencia. El SGP es la mesada de todos los meses, y la ley de competencias decidirá cuánto de ella tendrán estas regiones y qué deberán pagar con ella. Eso sí, como la subida se reparte en 12 años, el primer año el SGP crece menos de un punto: la reforma no fue pensada para pagar un terremoto.
¿Qué propone el nuevo gobierno?
Por ahora hay anuncios, no proyectos radicados. El 7 de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció una nueva ley de competencias que trasladaría formación laboral, infraestructura educativa, vías terciarias, conectividad, desarrollo rural, primera infancia, empleo, turismo y asuntos de frontera, bajo el principio de que «toda competencia transferida debe incluir recursos» (El Tiempo, 2026). El proyecto de Petro decía lo mismo (La República, 2026): en el principio hay acuerdo, y la discusión está en los detalles.
También anunció una Ley Orgánica de Experimentación Territorial: pilotos en los que una región asume una tarea, se evalúa en público y el Congreso decide si la regla se extiende, se ajusta o se revierte. Durarían ocho años, prorrogables por cuatro (Cambio, 2026). Es el periodo de prueba de un trabajo. La idea tiene antecedentes: España traspasó educación y salud por etapas, entre los años ochenta y 2002, según la capacidad de cada comunidad (Newtral, 2025). Francia creó en 2003 un «derecho a la experimentación», pero en 2020 su gobierno tuvo que simplificarlo porque las trabas jurídicas habían dejado muy pocas pruebas (Senado de Francia, 2020).
La propuesta es razonable, pero deja tres preguntas. La primera es de tiempo: ninguno de los dos textos está radicado, y quedan menos de tres meses de sesiones (El Tiempo, 2026). La segunda es de fondo: el Acto Legislativo exige una ley para todo el país, y no está claro si los pilotos la complementan o la reemplazan (El Tiempo, 2026); ocho años de prueba son dos periodos de gobierno. La tercera es política: soltar vías y programas le quita al gobierno central fichas para negociar con el Congreso (La Silla Vacía, 2026), como el papá que no suelta la tarjeta de crédito porque con ella negocia con los hijos. La discusión de fondo será quién decide qué municipio «está listo», cuando cientos reconstruyen sus colegios y hospitales.
¿Cómo medir esta reforma?
El ejercicio útil no es medir esta reforma por el aplauso de los gobernadores ni por el discurso del ministro, sino por lo que las instituciones competentes documenten en los próximos meses: el Congreso, si aprueba o no la ley antes del 16 de diciembre; el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), si los números cierran sin pagar dos veces el mismo gasto; el DNP, si el Índice de Desempeño Fiscal de los municipios mejora o empeora; la UNGRD, si los colegios, puestos de salud y acueductos dañados por el terremoto se reconstruyen y con qué plata; la Contraloría General, si los recursos trasladados llegan a su destino; y la Corte Constitucional, si la ley respeta el mandato del Acto Legislativo 03 de 2024. Ese cruce institucional, y no la percepción del momento, es la vara con la que debe medirse cualquier reforma que prometa acercar el Estado a la gente.
