El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, después de una extensa jornada legislativa que terminó en la madrugada del martes 20 de octubre. La aprobación abrió un nuevo debate político sobre las prioridades del gasto público, los recortes señalados por la oposición y las diferencias con el trámite que recibió el presupuesto presentado durante el gobierno de Gustavo Petro.
Un presupuesto de $634,9 billones aprobado de madrugada
La plenaria de la Cámara de Representantes votó el proyecto alrededor de las 3:47 a. m., tras más de 12 horas de discusión, según informó la propia corporación. El Senado también había aprobado el monto de $634,9 billones. El Gobierno de Abelardo De La Espriella defiende el presupuesto como una forma de reconocer obligaciones del Estado y financiar sectores como salud, pensiones, educación, energía y seguridad.
Sin embargo, la magnitud del presupuesto no resuelve por sí sola la discusión de fondo: qué sectores reciben los recursos, cuáles pierden financiación y qué efectos tendrá esa distribución en la vida cotidiana de los colombianos.
La oposición alerta por recortes en sectores sociales
Entre las críticas al proyecto están los recortes denunciados para entidades y programas sociales, así como para organismos vinculados con la implementación del Acuerdo de Paz. La oposición sostiene que estas decisiones pueden afectar la inversión pública y la atención a comunidades que dependen de esos recursos. El alcance concreto de los recortes debe evaluarse a partir de las partidas aprobadas y de su ejecución durante 2027.
El presupuesto también llega en medio de una presión fiscal importante. Por eso, el debate no debería limitarse a las cifras globales: debe incluir explicaciones públicas sobre las fuentes de financiación, las prioridades escogidas y las consecuencias de mover o reducir recursos entre sectores.
¿Dos raseros para aprobar el presupuesto?
El trámite ha reavivado una comparación política inevitable. Durante la administración de Gustavo Petro, el proyecto presupuestal presentado por el Gobierno fue devuelto por el Congreso y no obtuvo el respaldo necesario en su forma inicial. En cambio, el presupuesto de 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella avanzó y fue aprobado por ambas plenarias en la fecha límite, en sesiones que se prolongaron hasta la noche y la madrugada.
La pregunta política que plantea la oposición es si los proyectos de un gobierno y otro recibieron el mismo nivel de disposición para llegar a acuerdos. La comparación es válida como debate público, aunque por sí sola no demuestra que hubiera sabotaje: para sostener esa conclusión se deben examinar las votaciones, los argumentos de las bancadas, las modificaciones al articulado y las reglas aplicadas en cada trámite.
La controversia sobre la conciliación debe comprobarse
En el debate público también circuló el cuestionamiento de que Cámara y Senado habrían aprobado textos diferentes y que, por tanto, habría sido necesaria una conciliación. No obstante, tanto la Cámara como la información oficial divulgada sobre la aprobación sostuvieron que los textos eran idénticos y que no se requería ese procedimiento. Por ahora, la afirmación de que se omitió una conciliación obligatoria debe tratarse como una denuncia por verificar con una comparación documental de los textos aprobados y sus gacetas, no como un hecho establecido.
“Tras una revisión rigurosa encontramos que Cámara y Senado aprobaron textos diferentes, sin la conciliación obligatoria. Por el afán de pupitrearlo terminaron haciéndolo mal, a la madrugada, mientras Colombia dormía, y de espaldas al país”.
Esta afirmación —que ha circulado como crítica al trámite— requiere contrastar los documentos oficiales de ambas cámaras. La transparencia exige que se publiquen y comparen los textos finales, las proposiciones avaladas y las actas de las sesiones, para que la ciudadanía pueda evaluar el procedimiento con evidencia.
Ganar la Presidencia no significa tener todo el poder
El episodio deja una lección política: ganar la Presidencia no equivale a controlar el Congreso. Las mayorías legislativas son decisivas para aprobar presupuestos y reformas, pero también lo son el debate público, la vigilancia institucional y el respeto a las reglas del procedimiento democrático.
Quienes hoy celebran la aprobación deben responder por las prioridades que quedaron en el presupuesto; quienes la cuestionan tienen la responsabilidad de sustentar sus críticas con documentos verificables. La mediocridad y la mentira se confrontan con rigor y argumentos, no con afirmaciones que no hayan sido comprobadas.
La discusión no termina con una votación a altas horas de la noche. Apenas comienza la tarea de vigilar cómo se distribuyen y ejecutan los recursos, qué programas resultan afectados y si el presupuesto cumple las promesas que se hicieron al país.
