Durante décadas, la justicia en Colombia ha estado lejos del campo. No solo en términos de distancia geográfica, sino en su capacidad real de responder a los conflictos que marcan la vida rural: disputas por la tierra, por los linderos, por el agua, por el derecho a producir. Allí, donde se sostiene buena parte del país, las respuestas han sido lentas, lejanas o, en muchos casos, inexistentes. Esta realidad no es menor, ha significado años de incertidumbre, procesos interminables y comunidades enteras esperando decisiones que nunca llegan. Por eso, la Jurisdicción Agraria y Rural no es un cambio técnico más dentro del sistema judicial; es una apuesta por transformar la manera en que el Estado responde a esos conflictos históricos.
Hoy Colombia ya dio un paso importante: la Jurisdicción Agraria está en la Constitución y cuenta con una ley estatutaria que define su organización. Sin embargo, aún no funciona. Falta lo más importante: la ley ordinaria que permita su implementación real. Sin esa ley, la jurisdicción existe en el papel, pero no tiene herramientas para responderle a la gente. No hay reglas claras para que los jueces actúen, ni garantías efectivas de acceso a la justicia para las comunidades rurales. En la práctica, esto significa que el problema sigue igual: conflictos sin resolver y un Estado que no llega a tiempo.
Lo que hoy está en discusión en el Congreso no es un trámite cualquiera. Es una decisión histórica sobre si la justicia va a llegar de verdad al campo colombiano o si seguirá siendo una promesa aplazada. En medio de este debate han circulado afirmaciones que no corresponden a la realidad del proyecto. Se ha dicho que no ha sido concertado, cuando en realidad ha sido construido en diálogo con distintos sectores, con equipos técnicos, instituciones y actores del campo. También se ha dicho que no hay recursos, cuando su implementación está diseñada de manera gradual precisamente para garantizar sostenibilidad. Y quizá uno de los puntos más repetidos es que se pondría en riesgo la propiedad privada, algo que no es cierto. Este proyecto no elimina jueces, no promueve invasiones y no desconoce derechos; por el contrario, busca fortalecer la seguridad jurídica a partir de reglas claras y decisiones oportunas.
El problema de fondo no es la falta de normas ni de jueces, sino el diseño del sistema. Hoy muchos procesos agrarios pasan por instancias judiciales que no siempre son necesarias, lo que termina ralentizando la acción del Estado. Mientras tanto, las tierras siguen sin recuperarse, los conflictos se prolongan y la incertidumbre crece. La propuesta es sencilla: que la Agencia Nacional de Tierras actúe dentro de su función administrativa, recuperando y gestionando tierras del Estado, y que los jueces intervengan cuando exista una controversia real para garantizar derechos. Esto no debilita el sistema, lo hace más eficiente. Tampoco debilita la propiedad privada; la fortalece, porque la seguridad jurídica no se construye desde la parálisis, sino desde la claridad.
La Jurisdicción Agraria también implica reconocer que el campo tiene sus propias dinámicas. No es lo mismo resolver un conflicto urbano que uno que involucra ciclos productivos, relaciones comunitarias y territorios atravesados por décadas de violencia. Por eso, esta jurisdicción no es solo una nueva estructura, es una forma distinta de entender la justicia: una que llegue a las veredas, que escuche a las comunidades y que responda en tiempos razonables. Porque una justicia que tarda demasiado termina siendo una forma de injusticia.
Este proceso ha tenido un liderazgo claro desde el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Agricultura. La ministra Martha Carvajalino, con trayectoria en derecho agrario, restitución de tierras y ordenamiento territorial, ha impulsado esta jurisdicción como un mecanismo clave para resolver conflictos estructurales y garantizar acceso real a la justicia en el campo colombiano. Su experiencia le ha permitido entender que este no es solo un debate jurídico, sino un asunto de dignidad, de derechos y de estabilidad para miles de familias rurales .
En este contexto, el Congreso tiene una responsabilidad histórica. No se trata de ideologías ni de discursos, sino de decidir si el país sigue aplazando una solución necesaria o si da el paso definitivo para que la justicia llegue donde más se necesita. Por eso, el llamado es directo a los congresistas y a la mesa directiva de la Cámara de Representantes: es momento de agendar y dar el debate de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria. Seguir dilatando esta decisión es mantener un sistema que no resuelve, que prolonga los conflictos y que le niega al campo algo básico: justicia oportuna.
En medio de esta discusión, hay congresistas que han asumido posturas distintas frente a este proyecto. Algunos han sido aliados, otros están por convencer y otros han manifestado posiciones contradictorias o de oposición. Entre quienes han mostrado resistencia o contradicción se encuentran Astrid Sánchez Montes de Oca, Carlos Alberto Cuenca Chaux, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Juan Felipe Corzo Álvarez, Luis Miguel López Aristizábal, Andrés Eduardo Forero Molina, Luvi Katherine Miranda Peña y James Hermenegildo Mosquera Torres. También hay congresistas con posiciones variables o en discusión como Carolina Arbeláez y Julia Miranda Londoño. A su vez, existe un grupo amplio de congresistas con los que se puede trabajar para construir consensos, entre ellos Alfredo Ape Cuello Baute, Carolina Giraldo Botero, Dolcey Oscar Torres Romero, Eduard Alexis Triana Rincón, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Fernando David Niño Mendoza, Gerardo Yepes Caro, Germán José Gómez López, Ingrid Johana Aguirre Juvinao, Jairo Humberto Cristo Correa, Julián Peinado Ramírez, Karyme Adriana Cotes Martínez, Armando Antonio Zabaraín de Arce, Juan Carlos Vargas Soler y Haiver Rincón Gutiérrez, entre otros. También hay aliados claros como Alirio Uribe Muñoz, Gabriel Ernesto Parrado Durán, Jennifer Pedraza Sandoval, Jhoany Palacios Mosquera, Jorge Hernán Bastidas Rosero, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Orlando Castillo Advíncula, Gerson Lisímaco Montaño Arizala, Leonor María Palencia Vega, William Ferney Aljure Martínez y Jhon Fredi Valencia Caicedo.
El momento es ahora. Colombia no puede seguir dejando en pausa una solución que el campo ha esperado durante décadas. La justicia no puede seguir siendo lejana ni tardía. Tiene que estar presente donde se necesita, cuando se necesita. Porque al final, de eso se trata: de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad para el campo colombiano.
