Hablar de tierra en Colombia es hablar de una de las heridas más profundas que ha tenido el país durante décadas. Gran parte de la violencia, el desplazamiento forzado, la desigualdad y el abandono estatal nacieron precisamente de los conflictos por la propiedad rural, el acceso a la tierra y la ausencia de una justicia efectiva para millones de campesinos. Por eso, el debate sobre la Jurisdicción Agraria y Rural no es simplemente una discusión técnica dentro del Congreso: es una discusión sobre el modelo de país que Colombia quiere construir.
Y en medio de esa discusión, hay dos nombres que hoy aparecen defendiendo con firmeza esta transformación: el presidente Gustavo Petro y la ministra Martha Carvajalino.
Lo ocurrido recientemente en el Congreso dejó una imagen muy clara para el país. Mientras sectores políticos recurrieron nuevamente a las ausencias, la ruptura de quórum y las estrategias de dilación para impedir el avance del debate, el Gobierno insistió en que la Jurisdicción Agraria debe discutirse de frente y sin miedo.
La ministra Martha Carvajalino ha sido una de las principales voces defendiendo este proyecto. Y no desde discursos vacíos, sino desde argumentos jurídicos, constitucionales y técnicos. Ha insistido en que la Jurisdicción Agraria no busca expropiar a nadie, ni eliminar la Rama Judicial, ni crear un “poder paralelo”, como algunos sectores han intentado hacer creer mediante campañas de desinformación. Lo que busca es algo mucho más sencillo pero profundamente transformador: que Colombia tenga jueces especializados capaces de resolver conflictos rurales de manera ágil, transparente y con conocimiento real sobre las dinámicas del campo.
Durante años, miles de campesinos tuvieron que enfrentar procesos eternos para resolver disputas sobre tierras, baldíos, linderos o acceso a la propiedad. Muchas veces esas disputas terminaron beneficiando a quienes tenían más poder económico o político, mientras las comunidades rurales quedaban atrapadas entre el abandono estatal y la violencia. Precisamente por eso, la Jurisdicción Agraria representa una deuda histórica que el Estado colombiano nunca había querido asumir de manera seria.
Y ahí es donde también aparece la lucha histórica de Gustavo Petro alrededor del tema agrario.
Desde mucho antes de llegar a la Presidencia, Petro ha insistido en que Colombia no podrá construir paz real mientras la tierra siga concentrada en pocas manos y mientras el campesinado continúe siendo tratado como un actor invisible dentro del modelo económico del país. Su defensa de la reforma agraria, del acceso a la tierra y del reconocimiento constitucional de los campesinos ha sido una bandera constante a lo largo de su trayectoria política.
De hecho, muchas de las transformaciones constitucionales recientes están directamente relacionadas con esa visión. El Acto Legislativo 01 de 2023 reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional; el Acto Legislativo 03 de 2023 creó la Jurisdicción Agraria y Rural; y posteriormente el Acto Legislativo 01 de 2025 elevó la producción de alimentos a actividad de interés general.
Es decir, no se trata de una iniciativa improvisada. Lo que hoy impulsa el Gobierno hace parte de una transformación estructural que busca darle al campo colombiano herramientas institucionales que históricamente le fueron negadas.
La ministra Martha Carvajalino ha sido clave para aterrizar esa visión en propuestas concretas. Bajo su liderazgo se desarrollaron mesas técnicas y espacios de concertación donde participaron sectores gremiales, académicos, políticos y judiciales. Incluso gremios que hoy expresan críticas, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), hicieron parte activa de las discusiones y acuerdos previos sobre el contenido del proyecto.
Eso deja una contradicción evidente: muchos de los puntos que hoy algunos sectores presentan como “amenazas” ya habían sido discutidos y consensuados previamente dentro de esas mesas técnicas.
La ministra también ha sido clara en explicar el papel de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Frente a la desinformación que circula en redes y sectores políticos, ha reiterado que la ANT no reemplazará jueces ni administrará justicia. Sus funciones seguirán siendo administrativas, relacionadas con clarificación, recuperación y ordenamiento de tierras públicas, mientras las decisiones judiciales continuarán en manos de jueces y tribunales agrarios.
Sin embargo, el debate ha dejado ver algo más profundo: el temor de ciertos sectores a que finalmente exista una justicia agraria especializada capaz de revisar conflictos históricos relacionados con acumulación irregular de tierras, apropiaciones indebidas y disputas rurales que durante décadas quedaron sin resolver.
Por eso, lo ocurrido en el Congreso no puede verse simplemente como una “discusión parlamentaria más”. Las curules vacías, las sesiones suspendidas y la ruptura del quórum reflejan una decisión política deliberada para impedir que el país avance en una reforma que toca intereses históricos muy poderosos.
Mientras algunos congresistas abandonaban el recinto, el Gobierno insistía en defender el debate democrático. Mientras unos recurrían a la desinformación, otros sostenían discusiones técnicas y constitucionales. Y mientras ciertos sectores apostaban por frenar la deliberación, Martha Carvajalino y Gustavo Petro seguían insistiendo en algo fundamental: que Colombia necesita una justicia rural moderna si realmente quiere construir paz, equidad y estabilidad en el campo.
Incluso la Corte Constitucional terminó reafirmando la necesidad de avanzar. La sentencia C-099 de 2026 exhortó al Congreso a culminar la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y avanzar en la creación de los despachos judiciales necesarios para que entre en funcionamiento en 2027.
Hoy, la discusión sobre la Jurisdicción Agraria terminó convirtiéndose en mucho más que un debate jurídico. Se convirtió en un reflejo de las tensiones históricas del país: de un lado, quienes quieren modernizar la institucionalidad rural y garantizar acceso real a la justicia para el campesinado; y del otro, sectores que siguen viendo cualquier transformación agraria como una amenaza para sus intereses.
Y en medio de esa disputa, la ministra Martha Carvajalino se ha consolidado como una de las principales defensoras de una reforma que busca cambiar una historia de abandono, desigualdad y exclusión que Colombia arrastra desde hace generaciones.
En medio de uno de los debates más tensos que hoy enfrenta el Congreso de la República, hay una figura que se ha mantenido firme defendiendo la necesidad de transformar la justicia rural en Colombia: la ministra Martha Carvajalino.
Mientras algunos sectores políticos han optado por las dilaciones, la ruptura de quórum y las narrativas de desinformación para impedir el avance de la Jurisdicción Agraria y Rural, la ministra ha insistido en algo fundamental: el país no puede seguir aplazando una deuda histórica con el campo colombiano.
La discusión alrededor de esta jurisdicción no es menor. Se trata de construir un sistema judicial especializado capaz de resolver conflictos sobre tierras, producción rural, acceso a la propiedad y disputas agrarias que durante décadas han permanecido sin solución efectiva. Y precisamente ahí ha estado el liderazgo de Martha Carvajalino: defendiendo el debate con argumentos técnicos, jurídicos y constitucionales, incluso en medio de fuertes ataques políticos.
Uno de los aspectos que más ha resaltado la ministra es que este proyecto no nació de una imposición unilateral del Gobierno. Por el contrario, fue construido a través de mesas técnicas, diálogos multipartidistas y espacios de concertación donde participaron gremios, académicos, partidos políticos y representantes del sector justicia. Incluso sectores como la Sociedad de Agricultores de Colombia participaron activamente en la construcción de acuerdos que posteriormente fueron incorporados en las ponencias del proyecto.
Ese punto resulta clave porque desmonta muchas de las narrativas que hoy buscan sembrar miedo alrededor de la Jurisdicción Agraria. La ministra ha sido clara en explicar que esta iniciativa no elimina jueces, no reemplaza la Rama Judicial y tampoco entrega funciones arbitrarias a la Agencia Nacional de Tierras. Lo que busca es crear herramientas institucionales modernas para resolver conflictos históricos del campo colombiano.
Además, Martha Carvajalino ha insistido en conectar este debate con los cambios constitucionales recientes que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección y elevan la producción de alimentos a una actividad de interés general. Para la ministra, el país no puede quedarse solamente en reformas escritas sobre el papel; necesita instituciones capaces de hacerlas realidad en los territorios rurales.
En un escenario político marcado muchas veces por el ruido y la confrontación vacía, la ministra ha optado por sostener una discusión basada en hechos verificables y sustentos jurídicos. Incluso la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-099 de 2026, reiteró la necesidad de avanzar en la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y exhortó al Congreso a culminar este proceso.
Por eso, mientras algunos sectores abandonaban el recinto y rompían el quórum para impedir el debate, quedó en evidencia quiénes estaban realmente dispuestos a discutir de frente el futuro del campo colombiano y quiénes prefirieron bloquear la deliberación democrática.
Hoy, la defensa de la Jurisdicción Agraria también representa la defensa de millones de campesinos que durante décadas tuvieron que enfrentar conflictos de tierras sin acceso oportuno a la justicia. Y en esa discusión, Martha Carvajalino se ha convertido en una de las voces más visibles de una transformación que busca llevar justicia real a las zonas rurales del país.
